El Supremo deja votar el 29-N a 190.000 hijos de la ley de nietos y mantiene sin voto a 163.000 nacionalizados
Unos 190.000 españoles nuevos podrán votar el 29-N, pero muchos de sus padres no. Qué es la ley de nietos, por qué el Supremo suspendió el voto a 163.000 y por qué no a sus hijos.
Por Noticias Explicadas · Cómo contrastamos · Foto de portada: Javier Perez Montes, CC BY-SA 4.0
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto de 189.678 hijos mayores de edad de las personas que se hicieron españolas con la llamada ley de nietos. Lo pedían Vox y la asociación Iustitia Europa. Así, estos nuevos españoles podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que más de 163.000 de los nacionalizados siguen con el voto suspendido desde septiembre.
¿Qué es la ley de nietos?
Es el nombre con el que se conoce una parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Permite pedir la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por la guerra civil o el franquismo.
Para aplicarla, una instrucción del Ministerio de Justicia dio por hecho el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Con esa instrucción, no hacía falta probarlo caso por caso.
¿Por qué el Supremo suspendió el voto a los nacionalizados?
Vox e Iustitia Europa recurrieron esa instrucción. Sostienen que fue más allá de lo que dice la ley, que habla de personas exiliadas.
En septiembre, el Supremo suspendió de forma cautelar el voto de más de 163.000 nacionalizados por esa vía, la del exilio presumido. Solo pueden votar si acreditan que su familia se exilió de verdad. Hasta finales de octubre lo habían hecho 901 personas, según la Abogacía del Estado.
Después, los mismos recurrentes pidieron extender la suspensión a los hijos de esos nacionalizados, que obtuvieron la nacionalidad a través de sus padres.
¿Por qué el Supremo no quita el voto a los hijos?
El tribunal reconoce que, por lógica, si se cuestiona la inscripción de los padres, también habría que cuestionar la de los hijos. Pero lo rechaza por razones prácticas: las elecciones están a unas tres semanas y duda de que la medida se pueda ejecutar a tiempo.
El auto apela a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral. La decisión no fue unánime: el magistrado Antonio Fonseca-Herrero votó en contra y defendió que la suspensión debía aceptarse.
¿Qué dicen el Gobierno y los recurrentes?
Fuentes del Gobierno celebran que el Supremo haya rechazado la petición y lo ven como «un freno» a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas. A la vez, lamentan que el tribunal no haya aplicado el mismo razonamiento a los padres.
Vox e Iustitia Europa pedían lo contrario: que tampoco votaran los hijos, porque su nacionalidad depende de la de sus padres.
¿Qué pasa ahora?
El 29 de noviembre podrán votar los cerca de 190.000 hijos. Los más de 163.000 nacionalizados por el exilio presumido seguirán sin poder hacerlo, salvo que acrediten el exilio de su familia.
Queda lo más importante: el Supremo todavía tiene que decidir, en el fondo del asunto, si la instrucción del Ministerio de Justicia se ajustaba a la ley. Hasta entonces, en muchas familias el hijo podrá votar y el padre no.
